YLB rechaza medida que condiciona contratos de litio a estudio ambiental y anuncia impugnación

La responsable del área legal de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), María Cristina Carballo, informó que la empresa estatal presentará una impugnación contra la medida judicial que suspendió cualquier trámite relacionado con contratos para la explotación de litio en el Salar de Uyuni, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental.

“El juez aceptó las medidas cautelares solicitadas, pese a que estos contratos aún no han sido formalizados. Desde el área legal, ya hemos comenzado el proceso de impugnación en primera instancia y trabajamos en un informe detallado que corresponde a YLB, como parte del procedimiento constitucional”, explicó Carballo.

La decisión fue emitida por el juez Edson Villarroel Herrera, quien otorgó tutela a comunidades campesinas de Nor Lípez, en el departamento de Potosí. La resolución implica la suspensión de los contratos con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC, ambas interesadas en la extracción de litio en Uyuni.

Los demandantes presentaron una acción popular en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, exigiendo respeto a la consulta previa, el derecho al agua, la alimentación, un entorno saludable y la libre determinación.

Según Carballo, YLB no fue notificada ni con la acción legal ni con la resolución emitida. Además, señaló que la estatal ni siquiera fue convocada como parte en la audiencia donde se determinó la medida cautelar.

La abogada María Cristina Carballo, representante legal de YLB, denunció que no se les permitió ejercer su derecho a la defensa, ya que no fueron convocados ni pudieron presentar argumentos dentro del procedimiento judicial que emitió la medida cautelar.

Carballo aclaró que actualmente no se está ejecutando ningún trámite administrativo ni obra relacionada con los contratos para explotar litio, ya que estos todavía se encuentran bajo evaluación en la Cámara de Diputados.Recordó que esta no es la primera vez que se interpone una acción popular con las mismas características.

Según explicó, en febrero de este año se rechazó una solicitud similar porque los contratos aún no estaban vigentes, por lo tanto, no había ninguna afectación real que justificara una tutela.

YLB sostiene que los estudios de impacto ambiental deben realizarse únicamente después de que los contratos sean aprobados por la Asamblea Legislativa.